Realidad del alumnado trans en el sistema educativo

Realidad del alumnado trans en el sistema educativo.

Informe ejecutivo 2020

Transexual
La Ley, como marco regulador, es la principal herramienta del colectivo LGTBI y por consiguiente también para el abordaje en los centros educativos de las personas trans menores. A la vista de las distintas visiones entorno a estos procesos, se evidencia necesaria una ley estatal que refuerce los instrumentos normativos autonómicos, permitiendo incluir orientaciones comunes basadas en la evidencia generada por la propia experiencia regional.


Realidad del alumnado trans en el sistema educativo

Federación Estatal LGTB

Análisis previo:

El derecho a la educación es un derecho fundamental reconocido como tal en la Constitución Española y todo el sistema educativo español está orientado por los principios y declaraciones recogidos en dicho artículo.

Tal y como reconoce la Constitución Española, el sistema educativo español se configura sobre un sistema de reparto de competencias y responsabilidades educativas entre el Estado (Ministerio de Educación), las Comunidades Autónomas (Consejerías o Departamentos de educación), las Corporaciones Locales (Concejalías de Educación o de los Institutos Municipales de Educación) y los propios centros educativos.

El reparto de competencias entre las mencionadas administraciones es cuanto menos complejo y dentro de las materias pedagógicas establecidas por el Gobierno a nivel estatal y que son comunes para todo el sistema educativo, actualmente no se incluyen en ninguno de los niveles educativos contenidos relacionados con la educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género.

Por lo que la configuración de tales contenidos complementarios queda en manos de las Comunidades Autónomas y los centros educativos, dentro de las limitadas potestades que tienen atribuidas en materia educativa.

Como consecuencia de esto, y como puede observarse en el informe, en España existe una gran diversidad en cuanto al nivel de contenidos pedagógicos relacionados con las sexualidades y la diversidad sexo-genérica y familiar en las aulas según la Comunidad Autónoma y el centro educativo.

Actualmente, no disponen de legislación vigente enfocada a la protección hacia las personas LGTBI ni las comunidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Principado de Asturias, ni las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.

Por contra, en la gran mayoría de Comunidades Autónomas se reconoce el derecho a la libre autodeterminación de género sin necesidad de aportar informe médico o psicológico alguno que acredite su circunstancia (éste no es el caso en las comunidades de Canarias, Galicia y, hasta hace poco, el País Vasco) pero para determinar la efectividad de las medidas establecidas por las leyes hacia el colectivo LGTBI y, especialmente hacia las personas trans, también es fundamental conocer si dichas leyes cuentan con un régimen sancionador.

En este sentido conviene mencionar que las únicas Comunidades Autónomas que no han incluido uno en sus legislaciones son Canarias, Galicia y el País Vasco.

Gráfico 1

Comparativa del reconocimiento de los derechos trans entre CCAA

Mapa Derechos trans entre CCAA

Gráfico 2

Comparativa entre CCAA del reconocimiento de los derechos trans en el ámbito educativo
no universitario

Mapa reconocimiento de los derechos trans en el ámbito educativo universitario

Conclusiones y Reivindicaciones:

Tras los resultados de esta investigación, es evidente que el alumnado trans, o disconforme con las normativas de género, vive una problemática compleja en el entorno educativo a la que, hoy por hoy, no se está dando una respuesta plena y satisfactoria.

Cuando hablamos de la situación de las personas trans menores en el ámbito educativo estamos hablando de la necesidad de garantizar unos derechos fundamentales, como bien ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional en su sentencia 99/2019, de 18 de julio de 2019.

Pese a todo, una de las buenas noticias que se extraen de este informe es que se ha producido un cambio social de gran calado.

La visibilidad que hoy tienen las personas trans en la infancia y la adolescencia permite que todos los cambios que se están produciendo se hagan con el apoyo y la comprensión de la mayor parte de la sociedad, especialmente de la juventud.

Esto nos permite perder miedos y reafirmar el convencimiento de
que el trabajo que nos queda por hacer tiene como principio inspirador ni más ni menos que el interés superior del alumnado, de todo el alumnado.

Se percibe que la intervención puede ir más allá del ámbito educativo y por ello, las conclusiones/propuestas se enmarcan desde dos aspectos: la intervención desde el ámbito educativo y la necesidad de desarrollo de políticas públicas integradas, ya que las líneas de actuación tienen que ser vistas más allá del ámbito de los centros de enseñanza:

1. Desde el ámbito educativo:

Es necesaria una Ley estatal que clarifique, complete, complemente y dé respuesta a cuestiones fundamentales que son competencia exclusiva estatal. Este informe evidencia la urgencia de esa Ley que facilite la vida de tantas personas en situación de incertidumbre, desigualdad y faltas de pleno reconocimiento.

España ya dispone de un cuerpo legal abundante que va a creciendo año a año.

Sucede, sin embargo, que estas normativas son desiguales, generan diferencias entre comunidades, no están implementadas (faltan reglamentos, protocolos, organismos de participación, etc.), son muy desconocidas y no son completas.


El hecho de que no existe ley en determinadas CCAA no significa que no existan problemas, fuentes de información de esta investigación pertenecen a éstas.

Es imperativa una legislación estatal que permita el cambio de la mención registral del sexo de una manera sencilla, rápida, sin requisitos abusivos y sin connotaciones patologizantes, es decir, basada en la autodeterminación de género.

En cuanto a la praxis educativa, es importante insistir en que se han de incorporar diseños integrados de estrategias de intervención y atención que incluyan un enfoque multiprofesional y coordinado, como ya hemos avanzado anteriormente.


Estrategias que deben contar con la fundamental implicación de las familias, una intervención holística, teniendo en cuenta el potencial de la comunidad educativa, por parte del centro educativo y una correcta e imprescindible coordinación con servicio sociales y organizaciones externas.


Nunca ha de perderse de vista una visión integrada de los riesgos psicosociales de las, los y les menores trans y por ende del proceso de intervención requerido en cada caso, y por ello, el desarrollo de políticas públicas más allá del ámbito educativo.

Factores como la información y formación a familias, equipos docentes y directivos, así como profesionales de servicios sociales y otros ámbitos, son clave y deben plantearse como una prioridad y siempre desde una perspectiva multidisciplinar.

Las administraciones públicas deben realizar un mayor esfuerzo para la formación a través de las AMPAs y espacios de educación no reglada, como de prestarse especial atención al diseño, distribución y accesibilidad de materiales pedagógicos específicos y de apoyo.

Por último, otro de los déficits de los que adolece el sistema de atención a las personas trans o a las personas con disconformidad de género en el sistema educativo es la ausencia de mecanismos de seguimiento, evaluación y redimensionamiento de los instrumentos de intervención que garantice los recursos de los que se dispone para conseguir una optimización y una mejora de los mismos.

2. Desde el desarrollo de políticas públicas:

Son importantes las alianzas existentes (cada vez más extendidas) y potenciales entre administraciones y tercer sector, reconociendo su rol y las redes y recursos que aportan para fortalecer las capacidades de las instituciones (información y difusión, desarrollo de contenidos, sensibilización en los centros, diseño de propuestas de mejora incorporando su conocimiento e interacción con distintos agentes institucionales, etc.).

En
concreto, no hay que minusvalorar la importancia vital de la presentación de referentes reales que puedan servir de apoyo en el desarrollo de la personalidad de las personas trans menores.

Otra cuestión a tener en cuenta es que las personas trans no son un fenómeno urbano, sino universal. Se debe prestar la atención debida a entornos rurales, buscando una estrategia que incluya elementos de coordinación, sostenibilidad y factores propios de intervención en el ámbito rural atendiendo a sus singularidades, como por ejemplo con servicios itinerantes, o medios digitales para facilitar una interacción más personalizada y continuada.